Una prejubilación no puede costar decenas de miles de euros más por la fecha en que se abre un ERE

Un empleado de banca dejó su entidad en 2021 con un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. Unos meses después, la empresa formalizó un expediente de regulación de empleo. Con esos dos hechos en ese orden, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha decidido que lo que ese trabajador cobró al irse no es la indemnización de alguien a quien echan, sino el precio de un pacto voluntario, y que tributa entero en el IRPF. La resolución, del 27 de octubre y dictada en unificación de criterio, obliga desde ahora a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos.

La diferencia no es pequeña. Según los cálculos de la plataforma fiscal TaxDown recogidos por Infobae, quien gana 40.000 euros al año y cobra una indemnización de 80.000 pagaría en Madrid unos 7.200 euros de IRPF si su salida forma parte de un ERE y unos 29.600 si no. Con un sueldo de 70.000 y una indemnización de 140.000, la factura pasaría de 17.800 a 60.000 euros. Son decenas de miles de euros que dependen de una sola cosa: si la empresa había abierto ya el procedimiento cuando el trabajador firmó.

Hay que reconocer que el TEAC no se ha inventado nada. La ley del IRPF, en su artículo 7.e, deja exenta la indemnización por despido colectivo hasta el límite del despido improcedente, con un máximo de 180.000 euros, y no la que se pacta por contrato. La Dirección General de Tributos ya había negado la exención en consultas de 2021 y 2022 cuando no constaba ningún despido colectivo, y el propio TEAC las cita. Tampoco es una ley nueva: es una interpretación que zanja una discusión.

Pero es una discusión que no debería haber existido. El Tribunal Regional de la Comunidad Valenciana le había dado la razón al trabajador en 2025, apoyándose en la sentencia del Supremo de septiembre de 2020 sobre las prejubilaciones de Banca Cívica, según Press Digital. Y el mismo Supremo, aquel año, había dictado dos sentencias que llegaron a soluciones distintas para la misma situación de hecho. Cuando dos órganos de Hacienda y dos sentencias de un mismo tribunal no coinciden, el contribuyente que firmaba su salida en 2021 no tenía forma de saber cuánto le iba a costar.

El mejor argumento a favor del criterio es serio y conviene decirlo entero. Una exención fiscal existe para proteger a quien pierde su empleo sin quererlo, no para abaratar la salida pactada de quien negocia bien. Si cualquier baja incentivada quedara exenta, empresas y trabajadores tendrían un incentivo evidente para disfrazar de indemnización lo que es salario, y los mayores beneficiados serían los sueldos más altos. Exigir un procedimiento formal, con comisión negociadora, consultas y comunicación a la autoridad laboral, como pide el TEAC, da al menos una frontera que se puede comprobar.

Lo que no me convence es dónde cae esa frontera. La fecha en que se abre un ERE la decide la empresa, no el trabajador. En un banco que lleva años reduciendo plantilla, el empleado al que se le ofrece una salida antes del expediente sabe, igual que el que la acepta después, que su puesto está en el aire. La diferencia entre uno y otro no está en su voluntad, sino en el calendario de recursos humanos. Que el fisco trate de forma tan distinta dos decisiones casi idénticas por un trámite que ninguno de los dos controla es mal diseño, por mucho que sea buena interpretación.

Hay además una ironía difícil de pasar por alto. El TEAC ha respetado la situación particular del trabajador que originó el caso, que conserva lo que ganó en Valencia. El criterio se aplicará a los que vengan detrás, incluidos quienes salieron en los mismos años y tienen reclamaciones pendientes. Pueden ir a los tribunales, porque los jueces no están vinculados por esta resolución, pero eso significa años de pleito para saber cuánto debían pagar por una decisión que tomaron hace cinco.

La solución no corresponde al TEAC sino a quien escribe las leyes. El artículo 7.e debería decir con claridad qué ocurre con las bajas incentivadas: si cuentan como despido cuando la empresa ha comunicado causas económicas u organizativas a la autoridad laboral, aunque el ERE llegue después, o si no cuentan nunca. Cualquiera de las dos respuestas es defendible; lo que no lo es es dejar que la respuesta llegue cinco años tarde. Y, mientras tanto, quien ofrece un plan de salida debería estar obligado a explicar por escrito, antes de la firma, cómo va a tributar el dinero que promete.

Un sistema fiscal no se juzga solo por lo que cobra, sino por si quien firma un papel puede saber lo que va a pagar. Hoy, con una prejubilación en la mano, la respuesta honrada es que depende de una fecha que no está en el papel.