Si el ministro se queda, que sea para traer un plan B al tren del sur

Óscar Puente no se va. El viernes, dos días después del choque de Urda, explicó que ofreció su cargo al presidente en las primeras horas y que Pedro Sánchez le pidió que siguiera. Su manera de asumir responsabilidades, dijo, es «dar la cara». Preguntado por si su dimisión consolaría a las familias de los 69 muertos, respondió con un suspiro y una cuenta: cuánto reconfortaría eso, de cero a cien, a quien ha perdido un hijo.

Tiene razón en una cosa. Una dimisión no devuelve a nadie y no arregla una sola señal. Pero la frase vale en las dos direcciones. Si irse no sirve de nada a las víctimas, quedarse tampoco sirve por sí solo. Un ministro que se queda tras la peor tragedia de la alta velocidad española no se queda gratis: se queda con una deuda. Y mañana martes, cuando comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso, debería empezar a pagarla.

Lo que se sabe hasta ahora no es poco. El sistema LZB, que vigila la velocidad y la posición de cada tren en la línea Madrid-Sevilla desde 1992, cayó hacia las 8:30 en un tramo de más de 60 kilómetros. Según los audios del centro de control de Adif difundidos por la Cadena SER, a las 8:36 se dio al AVE la orden de reanudar con «marcha normal», con el Iryo detenido más adelante. El propio ministro ha dicho que los indicios apuntan a un posible fallo en ese centro de control y que corresponde a la investigación fijar causas y responsables. La víspera, según El Español, otro AVE estuvo parado once minutos a menos de un kilómetro del lugar por una pérdida de conexión con el LZB; no hay confirmación oficial.

El sistema que debía sustituir al LZB, el ERTMS, se licitó en 2021 y terminó de instalarse en junio, pero no entrará en servicio hasta principios de 2027, un año más tarde de lo previsto. Mientras tanto, la línea más antigua de la red sigue funcionando con la tecnología que falló el 28 de octubre.

Y luego está lo que la tragedia ha dejado a la vista: media España depende de una sola vía para ir y volver del sur. Renfe ha dejado de vender billetes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre, a la espera de que Adif autorice la reapertura. Lo que se ofrece mientras tanto son autobuses, plazas extra en avión y trenes especiales hasta Ciudad Real y Puertollano, con una hora y media más de viaje y transbordos. No es la primera vez este año. Tras el accidente de Adamuz, el 18 de enero, con 46 muertos, el corredor estuvo cerrado hasta el 17 de febrero; el acceso a Málaga quedó cuatro meses inhabilitado por el desprendimiento de un talud en Álora. Entre enero y abril, la alta velocidad perdió casi un 20 % de viajeros respecto al año anterior, según el INE.

Tres cortes largos y dos tragedias en diez meses en el mismo eje no son mala suerte. Son la descripción de un sistema sin plan B.

Así que, si el ministro se queda «para resolver el problema», como ha dicho, lo justo es preguntar qué problema y en qué plazo. Hay al menos tres respuestas que debería llevar mañana al Congreso, por escrito y con fechas.

La primera, un plan de redundancia para el corredor sur: qué itinerario alternativo puede asumir trenes de largo recorrido cuando la línea de alta velocidad se corta, qué obras necesita, cuánto cuestan y cuándo estarán. Un país que ha hecho de la alta velocidad su orgullo no puede tener como plan de contingencia el autobús.

La segunda, transparencia completa. La jueza de Orgaz investiga con secreto de actuaciones y eso hay que respetarlo, pero nada impide al ministerio comprometerse a publicar íntegro el informe técnico cuando se pueda, los registros del LZB y los protocolos que se aplican cuando el sistema cae. La confianza que el presidente ha llamado «quebrada» no se recompone con comparecencias, sino con documentos.

La tercera, un calendario del ERTMS sin más retrasos y, hasta que llegue, una regla clara: si el LZB cae, ningún tren reanuda la marcha sin confirmar que la vía está libre. Si esa regla ya existe, que se explique por qué no funcionó.

Moncloa, según elDiario.es, cree además que una dimisión a un mes de las generales daría alas al relato de que el Gobierno es culpable directo de las muertes. Es un argumento comprensible en la lógica de una campaña, pero no es un argumento para los viajeros. A ellos les da igual quién ocupe el despacho. Lo que quieren saber es si el tren en el que suban la próxima vez tiene detrás un sistema que no dependa de que nada falle.

Quedarse puede ser un acto de responsabilidad. Pero solo lo es si deja algo que no estaría sin él. De momento, el ministro ha dado la cara. Lo que falta es que dé un plan.