El salario mínimo no saca de la pobreza a quien solo le dejan trabajar media jornada

Hay una cifra que conviene leer despacio: 2,5 millones de personas en España tienen trabajo y, aun así, viven por debajo del umbral de pobreza. La recoge un reportaje de EFE publicado este lunes, que reúne los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), Oxfam Intermón y Eurostat. Según la EAPN, la pobreza alcanza al 11,6 % de los ocupados; si se tiene en cuenta lo que cuesta la vivienda, Oxfam la eleva al 15,5 %, unas 770.000 personas más. Eurostat coloca a España como el tercer país de la Unión con más trabajadores pobres: un 11,2 % en 2024, frente al 8,2 % de media.

Lo fácil sería concluir que en España se paga una miseria por hora. Las cuentas dicen otra cosa. El salario mínimo de 2026 suma 17.094 euros brutos al año a jornada completa, y el INE sitúa el umbral de pobreza de una persona que vive sola en 12.220 euros netos. Quien vive solo y cobra el mínimo a tiempo completo queda por encima de la línea. Ese mismo salario a media jornada se queda en unos 8.550 euros brutos: por debajo del umbral antes incluso de pagar un solo impuesto. El problema no es el precio de la hora. Es cuántas horas le dejan a uno trabajar.

Lo resume Luis Pérez, de Randstad, en el mismo reportaje: «El fallo fundamental radica en la intensidad del empleo». Pocas horas al año, por bien que se pague cada una. Los expertos consultados por EFE señalan como causa principal el tiempo parcial no deseado, el de quien firma veinte horas porque nadie le ofrece cuarenta. Según la EPA, unos 3 millones de personas trabajan a tiempo parcial, el 12,9 % de los 22,8 millones de ocupados, y más del 70 % son mujeres, según los cálculos de CCOO.

Ahí está el hueco. «En España no hay ninguna norma que prohíba» que una empresa tenga la mayoría de su plantilla a tiempo parcial, recuerda Cristina Torre, de CCOO. El contrato parcial no necesita justificarse, y las horas complementarias, las que se añaden sobre la marcha, permiten estirar una jornada corta casi hasta completarla sin que el trabajador gane la estabilidad de un contrato completo. Para la empresa es flexibilidad. Para quien lo firma, una nómina cuyo importe no conoce hasta fin de mes y una vida que no puede planificar.

No hacen falta grandes leyes para empezar a cerrarlo. Primero, que el parcial necesite una causa cuando lo impone la empresa, como propone CCOO, y que las horas complementarias que se repiten mes tras mes pasen a formar parte del contrato. Segundo, que la Inspección de Trabajo persiga con prioridad el parcial que esconde jornadas completas peor pagadas, que no es flexibilidad sino fraude. Tercero, que la estadística oficial mida la pobreza laboral también descontando lo que cuesta la vivienda: un umbral que ignora el alquiler retrata un país que ya no existe.

El mejor argumento en contra merece respuesta. Para muchas personas, el parcial es una elección: estudiantes, quienes cuidan de alguien, quien quiere conciliar. Y encarecerlo, se dirá, destruiría empleo en hostelería y comercio, sectores de márgenes estrechos y demanda que sube y baja con la temporada. Es un argumento serio, y por eso lo que propongo no prohíbe nada. El parcial que se elige debe seguir siendo fácil; lo que debe costar es el parcial que se impone. La misma advertencia se oyó ante cada subida del salario mínimo, que ha crecido un 66 % desde 2018 según CCOO, y hoy el país tiene 22,8 millones de ocupados.

Tampoco todo se arregla en el contrato. Según Oxfam Intermón, el 21,7 % de los autónomos vive por debajo del umbral, más del doble que los asalariados (10,3 %): ahí no hay jornada que regular, sino ingresos que no llegan. Y cuando el trabajo falla, la red pública ayuda poco: según el informe anual de EAPN-ES, las transferencias sociales reducen la pobreza en España un 23,2 %, frente al 38,5 % de Francia y el 51,5 % de Irlanda. Un país que trabaja mucho y protege poco acaba confiando a la suerte lo que debería confiar al sistema.

El mapa también cuenta. La Comunidad Valenciana (17,5 %) y Andalucía (17,4 %) tienen las tasas más altas de pobreza laboral; Navarra, la más baja (5,3 %). Pérez lo atribuye sobre todo a la estructura productiva, y tiene sentido: donde abundan los empleos estacionales y de pocas horas, el salario mínimo protege menos, porque se cobra durante menos tiempo.

Durante las próximas semanas se oirán muchas promesas sobre sueldos. Está bien que se hagan. Pero quien quiera de verdad sacar de la pobreza a dos millones y medio de personas que ya trabajan tendrá que mirar menos la cifra de la nómina y más la casilla que casi nadie lee: la de las horas.