El DNI en el móvil ya vale para votar el 29N, y las mesas tienen que estar preparadas para cuando falle

El 29 de noviembre podremos identificarnos ante la mesa electoral con el móvil. La Junta Electoral Central levantó el jueves la suspensión que pesaba desde marzo sobre la aplicación MiDNI, y el Ministerio del Interior anunció el viernes que el DNI digital será válido en las elecciones generales. Es una buena noticia, y no la primera: la Junta ya lo había admitido en septiembre de 2025, lo retiró el 26 de marzo y ahora lo recupera. Que una herramienta así haya tenido que ganarse la confianza dos veces no es un fracaso. Es lo que debería pasar con todo lo que toca una urna.

Conviene aclarar qué cambia y qué no. No se vota por el móvil. Se sigue votando en papel, en sobre y en persona; lo único que cambia es cómo demuestra cada uno quién es. Según Interior, el votante abre MiDNI delante de la mesa y genera en ese momento un código QR temporal, emitido por la Policía Nacional. La mesa lo lee con un dispositivo con cámara y navegador que lleva incorporado el verificador oficial. La aplicación ha sido evaluada y certificada por el Centro Criptológico Nacional, y quien tiene DNI digital puede usarlo como identificación desde el 2 de abril de este año.

La historia de la suspensión explica por qué el QR importa. En su primer criterio, la Junta consideró suficiente que el titular abriera la aplicación delante de los miembros de la mesa, porque era un documento oficial con fotografía. El PP y la Junta de Andalucía pidieron revisarlo: alegaban que una imagen en una pantalla no se puede comprobar y que abría la puerta a suplantaciones. El 26 de marzo la Junta Electoral suspendió MiDNI y MiDGT «hasta que se garantice» que la verificación es suficientemente segura. La condición que se pedía era que cada mesa pudiera comprobar el código en tiempo real. Interior dice ahora que la cumplirá, y la Junta lo ha aceptado.

Esa objeción era razonable, y por eso la solución también lo es. Una pantalla se puede imitar; un código temporal que la Policía genera en ese momento y que la mesa comprueba con su propio aparato, mucho menos. El sistema que se estrena el 29N es mejor que el que se aprobó en 2025, precisamente porque alguien desconfió. Y no parte de cero: el DNI digital ya se usó en las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y las juntas electorales consultadas por Maldita no registraron incidencias.

El mejor argumento en contra no es el de la seguridad, sino el de la prudencia. Unas generales no son el lugar para estrenar nada, dirá alguien: mejor probar primero en elecciones pequeñas. No me convence. El uso será voluntario, convivirá con el DNI de plástico, el pasaporte y el carné de conducir (aunque estén caducados, nunca en fotocopia), y lo usará una minoría: casi 2 millones de personas han registrado sus datos en MiDNI y más de 1,75 millones lo han activado. Si algo falla, el coste es una cola algo más larga, no un voto perdido, siempre que el votante lleve también el documento físico.

Lo que me preocupa es otra cosa: la logística del día. Interior repartirá más de 60.000 terminales a través de Correos el mismo 29 de noviembre, a cambio de 28,06 euros por cada envío y recogida, según la orden ministerial que cita Europa Press. Es decir, los presidentes y vocales, ciudadanos elegidos por sorteo, recibirán el lector el mismo día de la votación. Las propias informaciones sobre el acuerdo advierten de que la comprobación será más lenta que con el documento físico. Y ni la nota de Interior ni las noticias publicadas explican qué debe hacer una mesa si el aparato no llega, no tiene cobertura o se queda sin batería.

Ese hueco hay que cerrarlo antes de la campaña, no a las nueve de la mañana del día de la votación. El manual de las mesas, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre, ya incluye este medio de identificación; la resolución de la Junta se transmitirá a las juntas provinciales para que la hagan llegar a las mesas. Que llegue con una instrucción de una línea: si el verificador no funciona, el votante debe identificarse con un documento físico, y la incidencia se anota en el acta. Y que Interior lo diga también a los ciudadanos, con la misma claridad con la que anuncia la novedad: quien piense usar el móvil, que lleve también el DNI en la cartera.

Hay una lección que va más allá del 29N. La administración digital española avanza a buen ritmo, pero gana o pierde la confianza en momentos como este, cuando una persona normal, en un colegio cualquiera, enseña su teléfono a tres vecinos sentados detrás de una mesa. Si ese momento sale bien en miles de mesas, el DNI digital habrá ganado más crédito que con cualquier campaña de comunicación. Si sale mal en unas pocas y nadie sabía qué hacer, la próxima suspensión estará servida.

La Junta ha hecho bien en exigir una verificación de verdad, e Interior en dársela. Falta lo menos vistoso y lo más importante: que cada mesa tenga, además del lector, un plan para cuando falle.